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Cultura dará luz verde en 2021 a más de una treintena de declaraciones BIC atascadas desde los años 80

H. DíazVALLADOLID
Actualizado:07/06/2021 08:39h
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El origen del problema no es actual, sino de hace cuatro décadas. Con el traspaso de las competencias en materia de patrimonio arquitectónico, en los 80, Castilla y León recibió un nutrido listado de bienes muebles incoados (es decir, con los primeros trámites iniciados) para ser declarados de interés cultural que estaban sin resolver. Desde entonces estuvieron guardados en un cajón y nadie se empeñó en su resolución definitiva. ¿La principal consecuencia? Que los municipios con estos expedientes debían estar sujetos a exhaustivos controles por parte de Patrimonio pero no podían optar a subvenciones. Ni los ayuntamientos, ni tampoco los particulares. «Hemos llegado a perder ayudas por no estar declarados pese a que teníamos las mismas exigencias a la hora de intervenir en ellos», señala Ana Zurdo (PSOE), alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres. El municipio abulense arrastraba el expediente desde 1963: «Era el más antiguo», confirma la primer edil de esta localidad habitual de los libros de texto de Historia de España por ser donde nació y pasó su infancia la reina Isabel I de Castilla (Isabel la Católica).

No es un problema exclusivo de Castilla y León, sino común a las autonomías: «El Estado lo transfirió así. Acompañando cada expediente con una documentación muy simple, sin más desarrollo, y ahí se fue quedando», señala el director general de Patrimonio, Gumersindo Bueno, cuyo departamento se ha propuesto en hasta que termine la legislatura acabar con la «inseguridad jurídica» que supone para los municipios tener en el limbo estos expedientes: «Cuando llegamos a la Consejería se planteó la necesidad de resolverlo porque de alguna manera era una anomalía administrativa».

«Hemos llegado a perder ayudas por no tener la declaración», señala Ana Zurdo, alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

Ordenaron los expedientes por años y enumeraron un total de 76 de todo tipo -conjuntos históricos, zonas arqueológicas y monumentos-. Recuerda Bueno que con las primeras declaraciones, allá por los años 30, apenas se exigía documentación, «era un simple listado que se publicaba en el boletín oficial de la época». Cuando las competencias de su declaración pasó a las comunidades esto cambió y «ya no servía» esa lista sencilla porque «de cada expediente se requería una serie de estudios para identificar sus valores patrimoniales. Se empieza a exigir descripciones, delimitaciones, conocimientos históricos… Documentos con los que realmente no contábamos en todos los que teníamos aquí atascados».

«A buen ritmo»

Desde 2019 se ha resuelto a favor de su declaración BIC catorce proyectos, ocho este año -el último, el pasado jueves, Villasana de Mena (Burgos), al que se suman, entre otros, el sepulcro megalítico de Los Zumacales (Valladolid); Briviesca (Burgos) como conjunto histórico y la Villa Romana del Prado (Valladolid) como zona arqueológica-. La intención de la Dirección General de Patrimonio es sacar adelante en lo que resta de 2021 otros 26 para alcanzar un 44% de las incoaciones pendientes: «Vamos a buen ritmo. Hubo que dotar al servicio de protección de más personal para cumplir el compromiso expresado por el consejero Javier Ortega».

La forma de trabajar ha cambiado con las nuevas incoaciones, recuerda Gumersindo Bueno. Se exige a priori una «documentación exhaustiva», que luego se tiene que «refinar» y someter a «participación ciudadana». Así, se comunica a los interesados qué se va a incoar, las razones, «se da en audiencia» y «se busca el respaldo de los centros de conocimiento», es decir, «se solicita información a especialistas de las universidades». ¿Qué pesa para su resolución favorable?: «Que cumplan verdaderamente los valores patrimoniales y que tenga un interés relevante». Detecta el director general de Patrimonio que «a veces sigue habiendo confusión sobre esto. Hay bienes que son de mucho valor para la gente del pueblo (una iglesia, una ermita…), pero no tiene esas características que hacen que tenga un carácter excepcional y relevante dentro de la historia, el arte y las manifestaciones de otro tipo». Aclarar esta confusión es uno de los objetivos que se han propuesto con la nueva Ley de Patrimonio, cuyo anteproyecto están redactando. La idea es elaborar un catálogo general de elementos patrimoniales donde se recojan, distinguidos, todo tipo de bienes, los de interés cultural y aquellos que tienen un atractivo más local.

El empeño por resolver estos expedientes está ralentizando otros proyectos de declaración de tipo inmaterial que la Consejería tenía en mente, como es el caso de La Loa de La Alberca (Salamanca) o las mascaradas, pero Bueno insiste: «Era una cuestión de justicia resolver esto». Entre medias intentarán seguir con otros proyectos «que nos interesan especialmente», y
pone como ejemplo la reciente declaración BIC de tipo industrial de Fabero (El Bierzo). No cree que una declaración por si sola vaya implicar de facto la atracción de vecinos y visitantes al municipio, pero matiza: «Está claro que si el patrimonio está bien atendido es un elemento de dinamización primero, cultural, y segundo, social y económica».

Sacar rédito

Sacarle rédito a la declaración es lo que se ha propuesto la alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, empeñada ahora en redactar un plan especial del conjunto histórico: «No se puede colgar el expediente en un cuadro y decir ‘aquí se acabó’. Ahora viene el trabajo de rehabilitar, solicitar ayudas…». En su punto de mira tiene el municipio aragonés de Sos del Rey Católico, «con el que nos comparamos por ser donde nació el Rey Fernando. Su conjunto histórico es impresionante». Para Álvaro Morales, alcalde de Briviesca (Burgos), otro de los municipios recién declarados que arrastraba su expediente desde 1983, «no tenía ningún sentido que estuviera sin resolverse». Este consistorio quiere abrir una línea de ayudas y subvenciones para arreglar las edificaciones de su centro. Es la cara de la moneda de que los BIC salgan adelante. La cruz la pone la alcaldesa de Huérmeces (Burgos), Silvia González, al trasladar la opinión de sus vecinos sobre una declaración solicitada en 1983: «Están arrepentidos. Ahora tienen muchas pegas con las reformas».

Una base de datos abierta con todo el patrimonio cultural

Avanza el director general que una de las intenciones de la Consejería de Cultura y Turismo es que el anteproyecto de Ley de Patrimonio en el que trabajan recoja tres categorías: la propia Bien de Interés Cultural, otra de bienes inventariados, «que reuniría aquellos que tienen un interés más local», y un catálogo general de elementos patrimoniales. Los tres conjuntos constituirían un censo del patrimonio cultural de Castilla y León, una base de datos que estará abierta.

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