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El calvario judicial de 12 años por el supuesto apaño del Plan General de Alicante acaba con dos multas

D. A.ALICANTE
Actualizado:14/07/2021 20:22h
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El calvario judicial vivido durante 12 años por dos exalcaldes populares de Alicante (Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo), un empresario (Enrique Ortiz) y otros cinco acusados del supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) ha tenido el desenlace de dos multas. Desde las filas del PP, las reacciones se han sucedido este miércoles tras conocer la sentencia de la causa, en el marco del
caso Brugal.

El presidente del partido en la Comunitat Valenciana (PPCV), Carlos Mazón, ha mostrado este miércoles su «máximo respeto a las decisiones judiciales» en relación a la sentencia conocida sobre la causa judicial del PGOU de Alicante.

«Me alegro de esta decisión, y ya van muchas veces. Me pregunto quién responderá y compensará por el daño causado. Pero no solo a las personas, sino también al Partido Popular e incluso a la credibilidad de las instituciones. Debe haber alguna reflexión seria sobre esto», ha añadido Mazón.

El dirigente del PPCV ha reaccionado así, en un comunicado, tras conocerse este miércoles que la Audiencia de Alicante ha condenado al pago de multas de 6.000 y 18.000 euros, respectivamente, al exalcalde de Alicante con el PP Luis Díaz Alperi y al empresario Enrique Ortiz como autores de un delito de cohecho, en el marco de la causa derivada del llamado ‘caso Brugal’ relativa al diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

Por su parte, el presidente del PP de la provincia de Alicante, Toni Pérez, ha manifestado que «el Partido Popular respeta el fallo judicial, pero no solo nosotros, sino que esperamos que todos respeten la decisión».

«Sabemos que algunos no van a pedir perdón por lo dicho durante años, y que el daño, irreparable para personas y en gran medida para las instituciones, ya está hecho. Más de 200 compañeros han visto cómo, tras ser vapuleados, los casos se han resuelto con su inocencia o quedado archivados. En un Estado de derecho, los juicios paralelos no deberían existir», ha zanjado.

El Ayuntamiento no recurrirá

El alcalde, Luis Barcala, también ha expresado su satisfacción porque «tras 12 años, por fin, la Justicia haya hablado», y ha anunciado que el Ayuntamiento no recurrirá la sentencia.

«Siempre he manifestado mi absoluto respeto a las decisiones judiciales y es lo primero que destaco en este caso», ha subrayado. «Se cierran 12 años en los que se han causado daños hoy ya irreparables», añade

Después de examinar la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, Barcala ha confirmado que el Consistorio no presentará ningún recurso «a la vista del fallo y sus fundamentos y hechos probados».

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