J. L. F.ALICANTE
Actualizado:09/07/2021 21:01h
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La hostelería de Benidorm ha pedido la dimisión del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig «por seguir tomando medidas irresponsables e injustas», en alusión a las nuevas restricciones para hacer frente a los contagios del
coronavirus en la quinta ola.
«Benidorm y sobre todo el ramo turístico ha sido el sector más responsable en esta pandemia, haciendo de policía y sufriendo unas pérdidas económicas irrecuperables», han recordado en un comunicado desde la asociación Abreca.
Ante las medidas restrictivas del ocio nocturno y de la hostelería , el sector «recuerda» a Puig que «el aumento de contagios esta causado por reuniones familiares, botellones y fiestas privadas que se podrían haber evitado dejando los horarios habituales de aperturas de los establecimientos».
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Entienden que lo único que van a provocar estas restricciones es el adelantamiento del botellón y de las fiestas privadas de 2:30 de la noche a la 12:30.
«Hay tambien que puntualizar que la situación epidemiológica es completamente diferente y ya no tiene ningún sentido basarse en incidencia acumuladas de contagios de los últimos 14 dias cuando realmente lo que cuenta es la presión hospitalaria y sobre todo de las UCI», han razonado.
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Además, el aumento de población vacunada ha hecho que se disminuya enormemente la ocupación de camas UCI y el inicio del verano ha creado una «incongruencia en los datos» porque están basados en población censada entonces en Benidorm. La llegada de visitantes -explican desde Abreca- hace que la incidencia oficial fuera de 84 a fecha de 6 de julio de 2021, por ejemplo, pero calculando sobre la población empadronada de 75.000 habitantes. «Ahora mismo en la ciudad hay una ocupación de mas de 200.000 personas entre turistas y habitantes, así que la incidencia acumulada bajaría a menos de 30 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 dias», señalan.
Asimismo, reprochan al Consell que no les dé tiempo a planificar los cambios. «Todas las medidas que se imponen por parte del gobierno autonómico son sin previo aviso, imposibilitando a los empresarios de hacer una normal previsión de stock, contratos de trabajo y organización de horarios y espacios. Todo esto denota una falta de profesionalidad, organización y de respeto a las tantas empresas y trabajadores afectados», se quejan.
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