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No-subsidios a la formalidad: impuesto más costoso de la clase media

Ahora que se empieza a hablar de la próxima reforma tributaria es muy importante resolver algunas distorsiones que generan grandes problemas tanto sobre la productividad como la equidad. Se trata de los subsidios a los cuales tienen acceso los trabajadores de las firmas grandes, los dueños de firmas grandes y los trabajadores independientes que ganan más de 2,5 salarios mínimos, pero de los cuales no puede disfrutar el resto de trabajadores en Colombia.

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A la hora de realizar sus cotizaciones a la tranquilidad social, un trabajador independiente que gane más de 2,5 salarios mínimos puede deducir hasta 40 por ciento de sus ingresos para calcular la base sobre la cual hace sus contribuciones a salud y pensiones. A las tarifas actuales esto significa que sus aportes a tranquilidad social son cercanos a 11 % de sus ingresos.

En contraste, si el trabajador gana menos de 2,5 salarios mínimos no puede realizar la deducción de 40 por ciento porque la norma lo obliga a cotizar como mínimo sobre una base de un salario mínimo.

En el caso de un trabajador independiente cuyo ingreso sea exactamente igual a un salario mínimo, el aporte a salud y pensiones es cercano al 33 por ciento. Esto es todo lo contrario a lo que debería ocurrir: los trabajadores de menores ingresos deberían contribuir proporcionalmente menos, no más.

El segundo caso es el de los dueños y trabajadores de las empresas pequeñas, que de acuerdo con mis cálculos constituyen cerca del 72 por ciento de las firmas en Colombia, y que por lo general pertenecen a la cátedra media. En Colombia, las firmas registradas como personas que ganan menos de 53 millones de pesos al año están exentas del impuesto de renta y, por lo tanto, no obtienen el subsidio que permite deducir los aportes a la tranquilidad social que realizan sobre sus trabajadores, porque no pagan impuestos.

A manera de ejemplo, si una persona natural con ingresos anuales de 50 millones de pesos, contrata un trabajador por un millón de pesos, deberá aportar $ 470.000 para pagar: subsidio de transporte, cesantías, prima, vacaciones, cajas de compensación y tranquilidad social, entre otros; pero no puede deducir este valor de su impuesto de renta porque no es informante. Por el contrario, si la empresa es una persona jurídica que gana el doble en ingresos anuales, contribuirá con los mismos $ 470.000 al contratar al trabajador, pero podrá deducir 1’470.000 de la base del impuesto de renta. A una tarifa del 35 por ciento del impuesto de renta esto equivale dejar de pagar 514.000 pesos en impuestos y un ahorro de 44.000 pesos en comparación con la contratación informal de ese mismo trabajador.

Un análisis similar puede realizarse con el salario mínimo porque las firmas pequeñas tienen que asumir la totalidad del incremento y no pueden deducirlo; pero curiosamente estas firmas no hacen parte del comité de negociación del salario mínimo.

La deducción de costos formales ha sido trascendental para que, al contrario de lo que ocurre en otros países como México, las empresas de cierto tamaño contraten la mayoría de sus trabajadores formalmente. Sin embargo, la conjunción de esta medida con la franja exenta de impuesto de renta determina la existencia de una gran cantidad de firmas pequeñas que son algo productivas porque no quieren crecer para no pagar impuestos y tienen todos los incentivos para contratar a sus trabajadores informalmente.

Una posible solución que podría incluirse en la próxima reforma tributaria es que las deducciones que no obtengan las empresas pequeñas cuando contraten trabajadores formales se acumulen en forma de bonos que puedan utilizar cuando crezcan y empiecen a pagar impuestos. Otra opción es incluir el pago de la tranquilidad social en el monotributo, como sucede en Brasil.

CRISTINA FERNÁNDEZ
Investigadora de Fedesarrollo

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