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De aprendiz, incertidumbre en trámite y expedición de licencias urbanísticas

A semejanza de lo que sucedió en el año 2013 cuando el Decreto 364 del mismo año expedido por el entonces alcalde Gustavo Petro, conocido comúnmente como Mepot o POT de Petro, fue suspendido por el Consejo de Estado, pues se consideró que el Alcalde desbordó su competencia al haber expedido el acto (aun cuando el Concejo de Bogotá lo había negado), Bogotá y el sector de la construcción están afrontando de nuevo la incertidumbre y el caos que produce la falta de seguridad jurídica con graves e incalculables perjuicios para la ciudad . Esta vez también por motivos de trámite.

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Antecedentes

Es de recordar que el POT de Bogotá fue expedido por primera vez mediante el Decreto 619 de 2000 por el alcalde Enrique Peñalosa, posteriormente revisado y modificado por el Decreto Distrital 469 de 2003, expedido por el alcalde Antanas Mockus, y los dos fueron compendiados en el Decreto Distrital 190 de 2004.

El 27 de octubre de 2019 fue negado por el Concejo de Bogotá otro proyecto de Acuerdo para modificar el POT. Ese mismo año, el Decreto 364 de 2014 o Mepot fue declarado nulo por sentencia del Juzgado Segundo Administrativo del Circuito de Bogotá.

Suspensión del Decreto Distrital 555 de 2021

Muchos motivos de inconformidad e ilegalidad tanto en materia sustantiva como procedimental fueron expuestos durante el trámite del Proyecto de Acuerdo 413 de 2021 del Concejo de Bogotá (revisión del POT), que no contó en la práctica con el tiempo de ley (90 dias calendario) para pronunciarse.

Demandado el decreto por Miguel Uribe Turbay, el Juez resuelve derogar provisionalmente los efectos del Decreto 555 de 2021, Reverdecer a Bogotá 2022 – 2035, por el cual se adopta la previsión general del POT de Bogotá.

La conclusión es que el acto suspendido al igual que el Decreto Distrital 364 de 2013 , se suspendió y posiblemente se anule por fallas en simples aspectos de trámite.

En este casualidad es mas grave pues el POT que acaba de ser suspendido es el instrumento para desarrollar el proceso de ordenamiento de la ciudad y contiene planes a largo y mediano y corto plazo, pues se trata de una norma para otros doce años.

Al faltar varios aspectos de importancia por no haber sido incluidos en el POT, la alcaldesa, con la Secretaría Distrital de Planeación, estaba atendiendo, mediante mesas de trabajo con los curadores urbanos y algunos gremios, las observaciones e inquietudes presentadas respecto a vacíos e inconsistencias evidenciadas en el POT suspendido.

El recurso de apelación interpuesto por la alcaldesa seguirá su trámite, es incierto el resultado y lo más probable es que se mantenga la suspensión y posteriormente se declare la nulidad del decreto como sucedió con el Mepot,  lo cual puede llevar mucho tiempo.

Mientras ello sucede, los perjuicios ocasionados para el ordenamiento de la ciudad y para los particulares por ver limitado su derecho de propiedad de manera irregular, exigido a estas fallas de trámite, irán creciendo y se continuará aplicando el Decreto 190 de 2004, que ofrece mayor seguridad. Sin embargo ¿quién está seguro al invertir o adelantar un proyecto nuevo en Bogotá?

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