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declara como «violencia» la gestación subrogada

S. S.Madrid
Actualizado:24/06/2021 19:01h
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La directora del Instituto de las Mujeres, Antonia Morillas, ha presentado este jueves ante las comunidades autónomas el proceso de reforma legislativa de la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo que tiene como objetivo, entre otras medidas, la de impedir el acoso ante las clínicas que practican abortos.
Tal y como publicó ABC, podrían enfrentarse a cárcel quienes
insulten o asedien a las mujeres que se dirigen a
interrumpir su embarazo no deseado, aunque por el momento en el proyecto hoy presentado no explicita penas de cárcel.

En concreto, Morillas ha planteado a las autonomías los tres ejes que considera fundamentales en esta reforma y en los que busca «el mayor consenso» posible entre las diferentes administraciones. Estos son: «Garantizar a las mujeres el ejercicio efectivo de los derechos legalmente establecidos en torno a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE)», eliminado, así «la desigualdad territorial existente»; «ampliar el marco de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres legislando contra la violencia obstétrica», impidiendo que «se acose en las clínicas a las mujeres que van a interrumpir su embarazo»; y «reconocer como violencia contra las mujeres la gestación subrogada».

Durante la reunión se ha reconocido como elemento esencial en el ámbito de las competencias de las comunidades autónomas garantizar la transversalidad, incorporando la educación afectivo sexual en todas las etapas educativas, según ha informado el organismo.

De julio a octubre se plasmará la reforma

Del mismo modo, ha explicado que esta reunión responde al compromiso del Instituto de las Mujeres con el Foro con los Organismos de Igualdad de las comunidades, implicándolos desde el inicio, para facilitar la puesta en marcha de la reforma y el impulso de encuentros en los territorios durante los meses de julio, septiembre y octubre.

Los encuentros, que Morillas ha presentado como dinámica de trabajo a los responsables de los organismos de Igualdad autonómicos, contarán con la participación en los distintos territorios con instituciones autonómicas y locales, con organizaciones feministas y asociaciones de mujeres por la igualdad, así como con expertas en materia de derechos sexuales y reproductivos.

El objetivo, ha indicado el Instituto, es incluir y hacer partícipe a la pluralidad de actores institucionales y sociales y voces de mujeres del conjunto del territorio español en la deliberación y establecimiento de propuestas para la consecución de los fines perseguidos por la reforma legislativa.

De este modo, apunta, se podrá profundizar en el conocimiento de cómo se están garantizando efectivamente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en cada comunidad autónoma, los obstáculos que persisten y las propuestas institucionales y sociales para superarlos.

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