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Ximo Puig recurre ante el TSJ y acusa a los sanitarios de robar mascarillas

Javier ChicoteSEGUIRMadrid
Actualizado:23/02/2022 02:26h
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La Generalitat Valenciana ha presentado un recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana contra la sentencia del Juzgado de lo Social 5 de Alicante que condenaba al Gobierno de Ximo Puig a
indemnizar a sanitarios con hasta 50.000 euros por no protegerlos contra el Covid-19. El recurso, al que ha tenido acceso ABC, argumenta que las mascarillas y otros EPI (Equipos de Protección Individual), fueron guardados bajo llave porque algunos sanitarios los robaban.

La sentencia dictada el pasado 7 de enero estableció como hecho probado segundo que «durante los meses de marzo, abril y mayo de 2020, el personal sanitario de los centros médicos de Alicante, entre los que se encontraban los trabajadores demandantes, solo dispuso de una mascarilla por semana para la prestación de sus servicios en los respectivos centros sanitarios de Alicante, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus, ya que las mascarillas de que se disponían estaban guardadas bajo llave por los responsables del respectivo centro».

Añade el fallo que «se vieron en la necesidad de reutilizar batas desechables, las cuales, se enviaban a esterilización para su reutilización en la prestación de sus servicios, incluida la atención de pacientes infectados por coronavirus». Además, «no se les facilitó gorros sanitarios, ya que se estimó que no eran necesarios, al igual que las pantallas».

Argumento

La Generalitat se defiende en el recurso haciendo referencia a documentación de la que no disponían en el momento de la celebración del juicio, en julio de 2020. Se trata de de una denuncia que el Departamento de Salud de Elda (Alicante) interpuso ante la Policía Nacional sobre unos hechos presuntamente acaecidos entre el 24 de febrero y el 3 de marzo de 2020, el presunto «robo o hurto» de «600 mascarillas quirúrgicas, 300 mascarillas odontológica de bozalito, 30 mascarillas FPP3, 30 mascarillas FPP2 y 20 botellas de solución hidroalcohólica». El autor o autores serían trabajadores sanitarios, pues la entrada a los almacenes del Hospital General Universitario de Elda es «a través de clave de acceso, conocida sólo por el personal autorizado».

«Así las cosas, y como consecuencia de los hurtos que se estaban produciendo a medida que se acercaba la declaración del Estado de Alarma –argumenta el recurso–, se decidió poner dicho material en los despachos de los supervisores con el fin de dispensarlo únicamente al personal que le correspondía, por su nivel de riesgo de exposición al Covid-19».

Con estos argumentos, la Generalitat Valenciana insta al TSJCV que corrija «la errónea apreciación del juzgador de este hecho, toda vez que la circunstancia de poner bajo llave el material obedecía a que se estaba sustrayendo el mismo ante el pánico que cundía entre el personal sanitario por la pandemia que se avecinaba. Este fue el motivo, y no otro, de trasladar el material al despacho del supervisor».

La Abogacía de la Generalitat también alega en el recurso «que este tipo de material está en demanda creciente, dada la conocida situación de casos existentes de coronavirus en los distintos países y continentes; y además de la cuantía, debe ser valorada la necesidad de uso, según los protocolos establecidos, en centro hospitalario».

Daños y perjuicios

La recurrida es la tercera condena por hechos similares, lo que ha propiciado que tanto sanitarios como la oposición exijan la dimisión de la Consejera de Sanidad, Ana Barceló.

La sentencia fijaba indemnizaciones según el grado de afectación: 5.000 euros para los profesionales que fueron forzados a trabajar sin elementos de protección adecuados; 15.000 para quienes fueron objeto de aislamiento por contacto con afectados de coronavirus; 35.000 para los que se contagiaron pero no precisaron ingreso hospitalario; y 49.180 euros para cada uno de los sanitarios contagiados que estuvieron hospitalizados.

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