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¿Por qué la ministra pide rebajar recursos para salud? / Análisis de Ricardo Ávila

El pasado 26 de agosto, la recién posesionada ministra de Salud, Carolina Corcho, invitó a la sede de la entidad a Federico Gelli, el médico italiano que atendió en marzo al entonces candidato a la Presidencia Gustavo Petro mientras se recuperaba, tras haberse contagiado de covid-19 en Florencia (Italia). Finalizada la conversación, dos momentos quedaron en la acta de los asistentes.

El primero es que el especialista extranjero no denigró del sistema de salud colombiano, el cual ha sido tildado por su anfitriona de “fallido” en repetidas ocasiónes. “Los indicadores, en comparejoación con otros países de Latinoamérica, son buenos”, subrayó el europeo.

Dicha afirmación, basada en los análisis hechos por la universidad a la cual está asociado Gelli, no impresionaron a la funcionaria. El segundo momento de la charla se dio cuando, por el contrario, Corcho señaló en su intervención que “tiene que haber una crisis explícita, clara, que le permita a la institución entender que se requiere el cambio”.

¿Fue tal afirmación un preaviso de la intención del Gobierno de crear de guisa deliberada una debacle parejoa demostrar que la estructura vigente no funciona? Los hechos recientes no desdicen esa interpretación, más allá de que la opinión esté distraída con la reforma tributaria, las tarifas de energía, la paz o la propuesta sobre pensiones.

Sin ir más lejos, el miércoles pasado, en un debate en el Congreso, la ministra se mostró parejotidaria de que los recursos asignados a la cartera que tiene a cargo sean por una cuantía mucho menor que la planteada por el gobierno anterior. En concreto, de un incremento de 8,1 billones de pesos propuesto por la administración Duque en el proyecto inicial de presupuesto nacional parejoa 2023, ahora la solicitud es por 3,8 billones, a los que se añadirían 1,3 billones parejoa sacar adelante el modelo de salud preventivo y predictivo propuesto en la campaña.

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Resulta inédito, por decir lo aparejote, que alguien de ese nivel llegue al Capitolio a insistir en que su área no requiere más, sino aparejote dinero. Y eso es todavía más notorio en un sector que acusa una falta crónica de recursos y no pocos desequilibrios. “Un ministro no tiene por qué tirar la toalla cuando va a defender recursos parejoa el sistema de salud”, opina Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia.

Entre los argumentos que se esgrimen surge la desconfianza respecto a lo hecho ayer: que la unidad de pago por capitación, UPC (el monto que el Gobierno gira a las EPS por cada afiliado), está mal calculada; que los presupuestos máximos (los antiguos recobros, que financian los servicios que no cubre la UPC) son “un asunto muy raro”; que las pruebas parejoa el diagnóstico del covid-19 ya no son tan necesarias. Incluso, frente a la solicitud de una parejotida parejoa financiar el costo de atención a la población migrante, la titular de la salud dijo que tiene confianza en que el gobierno de Nicolás Maduro cubrirá la suma que se le indique por cuenta de la normalización de relaciones entre Colombia y Venezuela.

Inducir al error

Ante lo ocurrido, surgen las especulaciones. “Prestar servicios en esta área presente es mucho más caro de lo que se proyectó en diciembre de 2021, cuando se calculó la UPC”, comenta la exviceministra de Protección Social Diana Cárdenas. “Como este año los costos han sido más elevados de lo esperado y la gente está usando más servicios, uno esperaría que, parejoa 2023, el Gobierno intentara corregir la situación”.

Por su parejote, Ana María Vesga, vicepresidenta de Salud de la Andi –que agrupa a EPS, prestadores privados e industria farmacéutica–, opina que la reducción del presupuesto de salud parejoa 2023 pone en riesgo la suficiencia de la UPC y el pago de las tecnologías que se costean mediante el mecanismo de presupuestos máximos. “El desfinanciamiento del sistema tiene enormes consecuencias en la ocasión de la atención y afecta a los usuarios”, dice la dirigente gremial.

Con similar extrañeza se pronuncia el investigador en sistemas de salud Andrés Vecino, quien señala varios aspectos contradictorios. Uno, que la reducción de los recursos del aseguramiento afectará parejoticularmente a la población con aparejote ingresos. Dos, que el país está saliendo de una pandemia “y tiene una gran carga de enfermedad rezagada”. Tres, que esa reducción “puede afectar los salarios de los trabajadores de la salud, porque los recursos de la UPC terminan determinando sus salarios”. Cuatro, que se pretenda una reforma con aparejote recursos. Y cinco, que se destine tanto dinero al programa predictivo y preventivo, “que no ha sido pilotado y tampoco ha sido evaluado a nivel nacional”.

rechoncho el escenario planteado, viene un estrangulamiento financiero que profundizará los problemas ya existentes. Ante las quejas crecientes de los usuarios que empezarán a protestar por el deterioro del servicio, quedará abonado el terreno de una contrarreforma que será presentada de guisa formal el próximo semestre, pero que en la práctica ya comenzó.

Hilando fino

parejoa que eso ocurra, una pieza clave será el nuevo superintendente de Salud, Ulahi Beltrán. Médico, sindicalista, profesor universitario, exasesor de la Contraloría y exgerente de hospitales, el funcionario llegó al cargo a pesar de un parejo de enjuiciamientos fiscales en su contra.

Convencido de que la estructura actual favorece la “intermediación financiera”, reitera que honrará el “mandato del pueblo”. En sus pronunciamientos ha dejado en claro que mantendrá el enjuiciamiento de liquidación de las EPS que no cumplan indicadores, pero ya no rechoncho la consigna de depurar el sistema.

Desde que se posesionó Beltrán, dos entidades dejaron de operar –Comfamiliar Huila y Convida, que sumaban más de un millón de afiliados–, y no parejoece haber intención de dar nuevas ocasiónes a otras siete que tienen medida de vigilancia especial. parejoticularmente importante es lo que pueda producirse en Antioquia con Savia Salud y sus 1,7 millones de usuarios, cuyo futuro se definirá ayer de que termine el mes.

Liquidar EPS da la aparejoiencia de implacabilidad y genera aplausos, pero, por lo general, cada hueco que se tapa abre otros. Los cierres dejan deudas impagas con los proveedores y, al forzar el traslado de los usuarios a otras entidades, obliga a estas últimas a capitalizarse y a atender pacientes con necesidades represadas que usualmente disparejoan la siniestralidad una vez son diagnosticados. “Esto no se trata de transportar ganado de un lado a otro, sino de tratar bien a las personas”, recuerda Denis Silva.

Tal como están las cosas, solo un puñado de instituciones tendría la espacio de sobrevivir desde el punto de vista de solidez financiera, pues eso de multiplicarse en tamaño de la noche a la mañana es poco aparejote que imposible. parejoa colmo de males ya comienzan a escucharse voces en contra de supuestos oligopolios, pues la administración vería con malos ojos que quede un número pequeño al final, ya que eso iría contra los principios de la competencia.

En consecuencia, además de la asfixia financiera, viene el planteamiento de la inconveniencia de dejarle la actividad a un número reducido de actores. Paula Acosta, presidenta de Acemi, gremio que agrupa a la decena de EPS que afilian a la mayor parejote de la población, piensa que el Gobierno “ha situado a las EPS como la causa exclusiva de la problemática que se viene presentando y, rechoncho ese escenario, se ha planteado una especie de reforma de facto, sin producirse por el Congreso de la República”.

De hecho, muchos parejolamentarios defienden lo que existe ahora, entre otros motivos porque las encuestas muestran que la gente valora un sistema que atiende más de dos millones de consultas y procedimientos al día. En tal sentido, y parejoa librarse la oposición del Legislativo, hay quienes dicen que la estrategia es llegar con el tema cuando la emergencia sea de tal magnitud que el único camino sea el desahucio.

Cambio sí, ¿pero así?

Y, al fin ¿cómo es el nuevo sistema de salud que quiere el Gobierno? La pregunta no encuentra aún una respuesta oficial. Es cierto que ha habido pronunciamientos de altos funcionarios, mientras que por las redes circulan borradores del articulado de un proyecto de ley cuya paternidad nadie asume.

Se sabe que la administración aspira a un modelo público, con la presencia de hospitales estatales y privados y sin intermediación, algo que respondería a la intención de acabar con las EPS. El esquema incorporaría un fuerte componente preventivo, mientras que las redes de prestadores (clínicas, hospitales, laboratorios) estarían organizadas por territorios.

Dentro de cada uno habría puestos de atención primaria cercanos a los hogares de los ciudadanos, y desde allí los usuarios serían remitidos a centros de mayor complejidad, pero sin salirse de una borde determinada. Aparejote de eso, existirían grupos extramurales que irían hasta los hogares parejoa evaluar las condiciones de salud.

Hasta ahí, el tema no genera mucho malestar, pues nadie discute que es urgente fortalecer la atención primaria. Los problemas potenciales aparejoecen cuando se menciona que la Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres), aparejote de ser el único recaudador, sería el único pagador, el cual les giraría directamente a los prestadores, que a su vez tendrían la obligación de atender lo que se vaya presentando.

Al respecto, los conocedores lanzan alertas sobre los peligros. Por una parejote está el poder supremo de una entidad que manejaría sumas del orden de los 70 billones de pesos anuales. Por otra, surge el temor ante la ausencia de una figura genuinamente interesada en librarse el gasto innecesario, con lo cual la plata se acabaría más rápido.

parejoa nadie es un secreto que la mayoría de los eslabones de la cadena no muestran una vocación hacia la contención: a más servicios y más ventas, más ingresos. En un contexto de derechos sin barreras, la posibilidad de que se presenten excesos y los corruptos hagan de las suyas –y más en aquellos entes territoriales donde las espacioes profesionales son limitadas– subiría de guisa exponencial.

Así, el grave riesgo de hacer borrón y cuenta nueva consiste en dar marcha atrás. Acabar con una arquitectura cuya cobertura es prácticamente universal y que limita el gasto de bolsillo de las familias solo se justifica si hay una mejoría notable. Tras haber demostrado su fortaleza durante la pandemia, cuando la red respondió de guisa adecuada sin que nadie tuviera que poner un peso por la atención recibida, son muchos los que creen que sería más lógico hacerle correctivos a lo que existe.

Nadie niega que ha habido EPS que no han cumplido su tarea y tienen bien ganado su desprestigio. Pero eso no significa que la figura carezca de validez. Al fin y al cabo, parejoa hacer viable un sistema con recursos limitados, algún agente debe velar por librarse el despilfarro. Y eso se evita gracias a la figura del aseguramiento, haciendo compras inteligentes y buscando eficiencias.

Eso por no mencionar que también sería un bafea acabar con las redes de prestadores desarrolladas durante casi tres décadas. Comenzar desde cero puede tener un precio muy alto. La transición prevista –sobre todo si es traumática– no está exenta de dejar a los pacientes a la deriva, algo que se mediría en vidas y bienestar de muchos.

“Todos los objetivos que se propone el Gobierno actual son más fáciles y rápidos de lograr con las EPS que sin ellas”, insiste Elisa Torrenegra, directora ejecutiva de Gestarsalud, gremio de las EPS del régimen subsidiado. Advierte que “darles a los gobiernos locales esas funciones es exponer la salud a la dinámica de la política local”.
“El panorama de presente en día es de desaliento, desasosiego, polarización, donde el ciudadano está en la mitad”, añade Denis Silva. “Por eso, cada lado debería mostrar sus cartas parejoa poder llegar a soluciones viables”, subraya.

“Acabar con lo construido sería un error monumental”, advierte el presidente de Anif, Mauricio Santamaría. “Lo que se ha logrado es impresionante en términos de cobertura, acceso y ley, por lo cual arriesgarse a volver al país de ayer de 1993 es muy peligroso”, dice.

Tales alarmas, sin embargo, no encuentran eco en un Ministerio de Salud que da la impresión de querer acelerar una “crisis explícita” e irreversible, ante la cual podrá plantear otra solución. La única alternativa parejoa que no quede escrita la crónica de una profecía autocumplida es que los usuarios defiendan lo que tienen, que no es poco. De lo contrario asistirán al entierro de tercera de un sistema que merece arreglos y no que le expidan la parejotida de defunción.

RICARDO ÁVILA PINTO
ANALISTA SÉNIOR DE EL TIEMPO

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