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Suma y sigue en el deterioro de la economía catalana

Yolanda Gómez RojoSEGUIRMADRID
Actualizado:04/07/2021 01:49h
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Los empresarios catalanes han apoyado sin ambages los indultos que el Gobierno de España ha concedido a los presos del ‘procés’, quizás pensando que esto podría ser el comienzo de una
nueva etapa que permita a Cataluña recuperar el peso económico perdido en estos años. Y es que la incertidumbre generada por la declaración unilateral de independencia por parte del entonces Gobierno catalán ha tenido efectos perversos para la economía catalana.

La primera consecuencia fue el traslado de la sede social de las principales compañías de la región, y de España a otros lugares del país: CaixaBank, Banco Sabadell, Gas Natural, Naturgy, Abertis, Colonial, Cellnex, Grupo Planeta, Axa, Codorníu… y así
una larga lista de empresas de todos los sectores huyeron de la comunidad ante la inseguridad jurídica generada. Casi cuatro años después se cuentan con los dedos de una mano las grandes que han vuelto. Y el balance total sigue siendo negativo para la comunidad. Desde octubre de 2017 han dejado Cataluña 7.007 empresas y han llegado 2.509, lo que arroja un saldo negativo de casi 4.500 firmas.

Mientras el Govern no vuelva a la normalidad institucional y se comprometa a mantenerse dentro de la legalidad, no habrá seguridad jurídica en la región

Cuando en esos primeros días del mes de octubre de 2017 los grandes empresarios empezaron a trasladar las sedes sociales de sus compañías yo estaba convencida de que estábamos ante el principio del fin del ‘procés’. La pela es la pela, pensé, y la burguesía catalana no va a permitir que arruinen su economía. Probablemente me equivoqué. No sé qué fue de ese ‘seny’ del nacionalismo catalán, que pactaba a izquierda y a derecha (más a derecha que a izquierda, debo reconocer) para ayudar a sacar adelante los Presupuestos del Estado –a cambio de estabilidad y de unos miles de millones en inversiones para la región–; o para poner en marcha leyes fiscales que redujeran los impuestos a sus muchas y prósperas empresas. Frente a la moderación de aquella burguesía se ha impuesto la radicalidad de quienes solo quieren la autodeterminación y la independencia. El problema es que esta ideología lo impregna todo y prácticamente no se ademiten discordantes. Y lo estamos viendo con el tema de los indultos. No solo los empresarios, los sindicatos y hasta la Iglesia catalana han dado su visto bueno a la decisión del Gobierno de indultar a los políticos presos por su desafío al Estado. Y además el Gobierno de España y de todos los españoles no concede el indulto como el punto y final de una negociación, la moneda de cambio para que los independentistas vuelvan a la senda de la legalidad y la seguridad jurídica. Es un punto de partida a cambio de nada. Ni arrepentimiento, ni compromiso de no volver a delinquir… De hecho, las primeras palabras de los presos al salir de la cárcel han sido para decir que volverán a hacerlo. Por eso para la mayoría de los españoles es tan difícil de entender esta decisión del Gobierno.

Mucho me temo que los indultos, lejos de contribuir a la recuperación de la otrora próspera economía catalana, solo servirán para envalentonar a los golpistas y generar más incertidumbre. Mientras el Govern no vuelva a la normalidad institucional y se comprometa a mantenerse dentro de la legalidad, no habrá seguridad jurídica en la región. Y eso está muy lejos de llegar como estamos comprobando en el Mobile World Congress que se ha celebrado esta semana en Barcelona. Los desaires que el presidente catalán le ha hecho a Felipe VI, jefe del Estado español, no pasan inadvertidos entre un dinero miedoso que ante todo busca seguridad. O mucho cambia el escenario, o los indultos no serán más que un suma y sigue en el deterioro de Cataluña.

Desde que el Govern declarara la independencia de Cataluña en octubre de 2017, más de 7.000 firmas han dejado la comunidad, y apenas 2.500 han vuelto. O lo que es lo mismo, en estos cuatro años la región ha perdido cerca de 4.500 empresas.

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