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Pemex operará el megayacimiento de Zama, que se disputaba con la empresa Talos

Fuentes cercanas al proceso, que pidieron no ser citadas, explicaron que la dependencia federal decidió que la mayor parte de los hidrocarburos ubicados en el campo pertenecen a la petrolera estatal, después de que ambos jugadores presentaron estudios independientes sobre Zama.

Algunos puntos de las negociaciones técnicas aún continúan, dijeron las fuentes, como la definición del perfil de producción que tendrá Pemex y el consorcio liderado por Talos.

Tras la decisión a favor de la petrolera estatal, que aún no ha sido confirmada por el gobierno federal, la empresa que dirige Octavio Romero Oropeza deberá ser la encargada de definir el plan de desarrollo para la extracción y el ritmo de producción del yacimiento. Talos aún podrá acceder a producción del campo.

Otra fuente relacionada explicó que la empresa estadounidense no está conforme con la decisión de la Secretaría. La empresa privada y la estatal Pemex fueron consultadas, pero hasta el momento no han emitido comentarios.

Tanto Talos como Pemex, que han estado inmersas durante meses en un proceso de unificación del yacimiento que debía resolver quién sería el operador, argumentaban por separado que contaban con las credenciales para operarlo así como que tenían mayor parte de sus reservas.

Pemex había presentado en mayo un estudio, encargado a especialistas independientes, que le atribuía a la estatal la propiedad del 50.43% del yacimiento y al consorcio privado el 49.57% restante. Y Talos había hecho lo propio en diciembre de 2019, en el que afirmó que poseía la mayor cantidad del descubrimiento.

En marzo pasado, tras vencerse el segundo plazo de las pláticas entre estatal y el consorcio privado, el futuro de la operación del yacimiento quedó en manos de la Secretaría de Energía, quien tenía cerca de un año para dictar una resolución al respecto.

Los especialistas del sector han coincidido en que la decisión de la Secretaría de Energía sobre el campo Zama será un fuerte precedente en la relación entre el gobierno federal y las compañías privadas que obtuvieron algún contrato petrolero en las rondas resultantes de la reforma energética de 2013, y cuya confianza ya ha sido trastocada por la cancelación de estos ejercicios.

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