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Kitchen, el estigma del PP

LA citación de María Dolores de Cospedal, antigua secretaria general del PP, para que declare como investigada en el caso Kitchen, estaba cantada desde que lo solicitó el fiscal el año pasado. Era cuestión de tiempo. Las revelaciones posteriores sobre las agendas del excomisario Villarejo hacían poco menos que inevitable la implicación de Cospedal, cuyo marido, Ignacio López del Hierro, también ha sido llamado a declarar como investigado. Indiciariamente, las acusaciones que se dirigen contra ellos se ciñen a delitos graves porque el auto judicial viene a implicar a Cospedal en unas posibles gestiones para captar como confidente al chófer de Luis Bárcenas. Situada la citación de Cospedal en ese contexto judicial, hay una vertiente política innegable que el PP no puede ni debe ignorar. Ya lo hizo en el pasado la dirección del PP, con Mariano Rajoy al frente, cuando se eludían respuestas, se esquivaban explicaciones, y se omitían decisiones que, si se hubieran tomado a tiempo, hoy no darían tanto altavoz a la izquierda con una corrupción que el PP no supo atajar. Aquellas formas de hacer política basadas en la indolencia ante los escándalos deben quedar recluidas en el pasado del PP, pero a Pablo Casado le conviene tener presente que el caso Kitchen sigue enturbiando la marca de su partido. Aunque la izquierda haga un uso torticero de la citación a Cospedal, y por supuesto de una comisión parlamentaria de investigación carente de sentido en plena instrucción judicial, y sin los investigados ya en cargos públicos, la dirección del PP debe tener claro que también sus votantes quieren un corte real con la corrupción. Es necesaria la consolidación de una etapa sin mancha. El caso Kitchen tiene una cara sucia y cruzada de intereses que van de lo público a lo privado, y a la inversa. Por eso es hora de respuestas y no de más evasivas.

Es cierto que el auto llama a la cautela a la hora de valorar las anotaciones de Villarejo porque bien sabe el juez que el excomisario no es muy fiable. También es cierto que rechaza investigar algunas de las acusaciones iniciales de la Fiscalía. Pero en cualquier caso, la conocida y antigua conexión de Cospedal con Villarejo la abocaba a tener que responder en la Audiencia. Probablemente no tenía otra salida. Ese es a menudo el problema que tienen las maquinaciones políticas de la mano de delincuentes, y la consecuencia de las complicidades que se producen en la cara más opaca de la política. Ese es el motivo de que el aprovechamiento político de esta novedad judicial fuese inmediato. No en vano, el PSOE es acusación popular en el procedimiento aunque el propio Ministerio de Justicia haya preparado una ley procesal que excluye a los partidos de la acción popular por el «uso distorsionado que se hace de ella». Pero como la pieza a cobrarse es una antigua secretaria general del PP, al PSOE le da igual ser incoherente. De todos modos, la investigación tiene que avanzar con mayor celeridad porque esta pieza separada sobre Villarejo lleva abierta cuatro años y no hay visos de que llegue pronto a juicio oral. La justicia tiene sus ritmos, sí, pero los ciudadanos investigados también tienen sus derechos contra la perpetuación de los estigmas y su presunción de inocencia.

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