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Antifraude investiga por posibles irregularidades una recalificación de parcelas municipales en Valencia

D. V.VALENCIA
Actualizado:05/06/2021 19:28h
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La Agencia Valenciana Antifraude investiga posibles irregularidades en la recalificación de unas parcelas municipales en el barrio de Penyarroja, donde se demolió la antigua fábrica de Tabacalera 2, que inicialmente iban destinarse a la edificación de viviendas.

Este suelo de uso dotacional estaba contemplado en la Modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y algunos vecinos ya denunciaron en su día el «pelotazo» se se estaba produciendo con su gestión por no darle este aprovechamiento.

La resolución de Antifraude, a la que ha tenido acceso Europa Press, resuelve «iniciar las actuaciones de investigación del expediente para la determinación de la existencia de presuntas irregularidades, al haberse comprobado al existencia de indicios razonables de veracidad de los hechos de los que trae causa la alerta a los efectos de lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 11/201, de 28 de noviembre».

Además, ha requerido diferente documentación al Ayuntamiento de Valencia, en una resolución contra la que no cabe recurso.

Los hechos se remontan a la anulación judicial, en 2015, de la Modificación del PGOU Tabacalera 1 en 2006, que determinó que los elementos demolidos de la antigua fábrica tenían valor protegido. Tal y como recoge el escrito de Antifraude, para cumplir con el fallo, el Ayuntamiento tenía que restaurar lo demolido, dar solución a los edificios que habían quedado fuera de ordenación y valorar qué obligaciones del convenio con la inmobiliaria UGSA quedaban por satisfacer.

Por 43 millones

Tras la sentencia, señala Antifraude, en la modificación del PGOU de Tabacalera 2, el Ayuntamiento de Valencia justifica que para no causar perjuicios a la hacienda municipal se procede a recalificar parcelas municipales para obtener los 43.738.988 euros que es el coste que le supondría obtener onerosamente mediante expropiación forzosa los suelos que la modificación califica como equipamiento público. «Considera que generar edificabilidad privada en otros puntos de la ciudad le va a permitir materializar la operación sin coste económico», recoge Antifraude.

Sobre estos hechos, la Agencia Antifraude ha recibido alerta contra el Ayuntamiento de Valencia sobre «presuntas irregularidades urbanísticas de fondo, y de tramitación formal, en el procedimiento de aprobación» de la modificación del PGOU de Tabacalera 2.

Los hechos denunciados inciden, por un lado, en infracciones en la ordenación del planeamiento. Se investiga el posible incumplimiento del deber impuesto por sentencia judicial de reconstruir las naves de la Antigua Fábrica de Tabaco, y se plantea que la edificabilidad de los dos solares recalificados, de las calles Penya Roja/ Río Escalona y 7 de abril de 1970, «no se generan por la exigencia de sentencia», así como que la supresión de estas dotaciones públicas «no responde al interés público del planeamiento», «no cumple los preceptos de la LOTUP» ni «la radio dotacional exigible» de dotaciones públicas.

Sin consultar a los afectados

También se denuncian infracciones en la normativa en el procedimiento de aprobación del PGOU, respecto a si ha habido «falta de evaluación ambiental y territorial» y «omisión de consulta a los afectados», Igualmente, se investigan posibles contradicciones de criterios de la administración en la resolución del procdimiento de reclamación de responsabilidad patrimonial formulada por la mercantil Inmobiliaria Guadalmedina SA y el proceimiento de modificación del PGOU de Tabacalera 2.

Respecto a la investigación, la portavoz adjunta del PP, María José Ferrer San Segundo, ha señalado en un comunicado que desde el PP votaron el contra a «la recalificación del único suelo dotacional en el barrio de Penyaroja para construir viviendas» y ha valorado «muy positivamente que se investigue la actuación para llegar al fondo y se escuche a los vecinos que viven en este barrio».

Los ‘populares’ incidieron en el pleno que los propios vecinos y los colectivos calificaban de «pelotazo» esta recalificación que acabará con el único suelo dotacional del barrio, zona verde y suelo educativo. «El Gobierno de Ribó y PSOE culminan lo que los vecinos, Salvem Tabacalera y Sindic de Greuges manifiestan que puede incumplir la legalidad», ha indicado el PP.

Ferrer San Segundo ha destacado que «es necesario que el gobierno de Ribó y PSOE reflexione y rectifique su decisión sobre esta recalificación». Ha exigido al gobierno municipal que «atienda y responda» a la propuesta de los representes vecinales sobre las posibles alternativas para evitar la recalificación.

«Nadie ha llamado a los vecinos para darles respuesta a su propuesta. No hay más señal de prepotencia que el desprecio a los vecinos, por eso les pido que rectifiquen les escuchen y atiendan también la recomendación del Síndic de Greuges de que se abra un diálogo para subsanar las posibles ilegalidades», ha agregado.

Para San Segundo, «es urgente que Puig y Ribó, Compromís y PSPV, reflexionen y rectifiquen su decisión sobre esta recalificación. Porque no hay peor gobierno que el que se aleja de la calle, olvida sus principios y no escucha a sus vecinos», ha concluido.

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