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La OCDE alerta de que la deuda pública se disparará al 171% del PIB en 2050 si no se reforman las pensiones

Javier TahiriSEGUIRMADRID
Actualizado:27/05/2021 14:11h
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La OCDE y la Autoridad Fiscal han lanzado una advertencia al Gobierno: si no se controlan los gastos en pensiones, la deuda pública puede dispararse en treinta años al 171% del PIB –el 165% en el caso de la Airef. Así lo asegura el organismo dirigido por Ángel Gurría en su nuevo informe sobre España, en el que dibuja cuatro escenarios: uno en el que no se controla el gasto –y que no incorporan las medidas para ligar las pensiones al IPC que se están barajando, que elevarían aún más el gasto si no se compensan con otras políticas–; otro en el que suben los tipos de interés al 1% desde 2022 en el que el pasivo en 2050 escala al 154,6%; otro de alto crecimiento del PIB en el que se llega al 86% y otro en el que se compensa con medidas el gasto ligado al envejecimiento en el que el pasivo se estanca en el 116% para entonces.

Por su parte la Autoridad Fiscal proyecta que si no se aprueban medidas para elevar los ingresos adicionales, el gasto en pensiones también engordará la deuda en un entorno similar, del 165% del PIB en su caso, dentro de su último observatorio de deuda. La OCDE pide varias medidas al respecto: desde elevar la edad de jubilación efectiva hasta ampliar el número de años para el cálculo de la pensión. «La edad de jubilación efectiva puede aumentarse aún más desincentivando la jubilación anticipada e introduciendo nuevos incentivos. extender la vida laboral, por ejemplo, aumentando el número de períodos de cotización requeridos para obtener una pensión completa, y debería ser acompañada de medidas para volver a capacitar a los trabajadores mayores», recoge.

Junto a este mensaje, la OCDE desgrana una serie de reformas que exige al Gobierno a la par que eleva sus previsiones de crecimiento para España debido a las mejora de expectativas por la vacunación. Respecto a sus estimaciones de marzo, la OCDE espera ahora que el PIB crezca un 5,9% en 2021, dos décimas más que antes, y un 6,3% en 2022, hasta un punto y medio por encima de sus anteriores pronósticos. De esta forma, la economía española recuperaría su nivel precrisis en 2022, como también augura el Ejecutivo que prevé un crecimiento del 6,5% en 2021 y el 7% en 2022.

Subida de IVA, impuestos a carburantes…

Sin embargo, la institución también pide que la recuperación se acompañe de profundas reformas con «acuerdos políticos y sociales» que aseguren su continuidad. Entre ellas, reclama que cuando la recuperación esté en camino, el Gobierno anuncie un plan de consolidación fiscal con subidas de impuestos para cuando la mejora de la economía esté asentada.

Dentro del menú tributario, pide un alza de los impuestos a los carburantes y a las emisiones y eliminar la declaración conjunta en el IRPF, en ambos casos, acompañándolas de medidas que compensen a los hogares más pobres. También pide una subida de IVA a los productos con tipos reducidos y superreducidos, ya que encuentra que la mayor parte de la pérdida de recaudación por estas bonificaciones se quedan en manos de las rentas altas.

Evaluación del gasto, sobre todo el regional

Este alza de los ingresos, eso sí, debe venir acompañado de una completa evaluación del gasto público. En concreto, la OCDE señala al gasto autonomico y advierte que los ‘spending reviews’ que realiza la Airef y encarga el Gobierno tienen efecto «limitado». «Se puede mejorar la composición y eficiencia del gasto público para crear márgenes para una mayor inversión pública en el medio plazo. A pesar de la necesidad de volver a priorizar los gastos, el uso de ‘spending reviews’ es limitado. La falta de evaluación de políticas, incluso en los niveles subnacionales de gobierno, puede ser una barrera para un cambio en el gasto hacia usos más productivos», reclama el organismo.

Más políticas activas y menos contratos

También reclama una simplificación de las modalidades de contratos y aumentar el gasto en políticas activas de empleo. Porque España es uno de los países de la OCDE con mayor desempleo y menor gasto en esta rúbrica. Del lado de las empresas, urge al Gobierno a acelerar el reparto de los 7.000 millones de euros en ayudas directas y exige que no prorrogue la moratoria concursal para evitar que haya empresas zombis.

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