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Por una óptima Formación Profesional

Jesús Avezuela
Actualizado:12/01/2022 01:48h
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La necesidad de una permanente adquisición de conocimientos que permite una aplicación práctica ha sido un factor esencial para el desarrollo económico y la mejora de las condiciones de vida. Los paulatinos planteamientos sobre la Formación Profesional en España han pretendido paliar uno de los principales problemas de nuestro país, el desempleo juvenil (actualmente, superior al 30%), mirando siempre con admiración modelos como el germano, austriaco o suizo. Partiendo del marco constitucional (art. 27 y 40), se ha desarrollado una laberíntica regulación de la FP que se ha abordado a través de la legislación laboral (la llamada formación profesional para el empleo regulada, principalmente, en la Ley Orgánica de 2002 que estableció los certificados de profesionalidad como instrumento de acreditación

 oficial de las cualificaciones profesionales adquiridas en el empleo) y de la legislación educativa (se regula en la LOE de 2006, modificada por la reciente ‘Ley Celaá’, que distingue tres grados de FP), a lo que se suma una intensa normativa autonómica.

El 13 de diciembre de 2021, el Congreso aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la FP que ahora está en manos del Senado, como último trámite parlamentario antes de integrar el enésimo intento de nuestra Administración en promover una óptima FP. Esta futura Ley pretende asentar un sistema único de FP dirigido a estudiantes y trabajadores para facilitar itinerarios formativos a lo largo de la vida profesional, de modo que todas las personas puedan encontrar una oferta formativa adecuada a sus necesidades en cada momento. ¿Por qué no han triunfado las permanentes revisiones del sistema de FP que se han propuesto? Al margen del mayor acierto o no del legislador, de la necesidad de una mayor cualificación entre la población activa o de la imposibilidad de acreditar determinadas competencias profesionales, hay dos factores esenciales: un aspecto cultural en cuanto que se ha venido considerando que en la FP terminaban recayendo los ‘malos’ estudiantes que no albergaban capacidad suficiente para emprender estudios universitarios; y, que a pesar de los muchos intentos de instaurar una óptima formación dual academia-empresa, ha sido una constante la defectuosa agilización en la formulación de una oferta formativa acorde con la demanda laboral.

En los últimos años está cambiando positivamente la percepción sobre el reconocimiento social de la FP. Ahora está por ver si la futura Ley permitirá un mayor crecimiento del alumnado y será una verdadera respuesta a las exigencias del nuevo modelo económico, dinámico y digitalizado, que precisa de colectivos cualificados, acelerando la acreditación de las competencias profesionales de trabajadores que tienen experiencia laboral pero que carecen de títulos o certificaciones que la reconocen.

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Jesús Avezuela es director general de la Fundación Pablo VI

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