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Unidas Podemos defiende su sello en los Presupuestos ante las dudas en la izquierda y apunta ya a la reforma laboral

Víctor Ruiz de AlmirónSEGUIRMadrid
Actualizado:08/10/2021 01:42h
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PSOE y Unidas Podemos se disputan el relato político de unos
Presupuestos Generales del Estado que en ambas familias de la coalición no se descarta que puedan ser los últimos de la legislatura. Aunque la intención inicial va a ser la de intentar aprobar también los del año que viene. Pedro Sánchez y Yolanda Díaz escenificaron ayer la vigencia de la coalición tras duras semanas de negociaciones. En una imagen que reeditaba las que el presidente del Gobierno había desplegado el año pasado con Pablo Iglesias. Y también a finales de 2018, cuando ambos pactaron los Presupuestos de 2019 que finalmente no fueron aprobados.

Ambos son los más convencidos de la ‘buena salud’ de la coalición. Y eso está por encima de un presupuesto en el que ambos han tenido que asumir renuncias importantes. Y eso se está dejando sentir especialmente en Unidas Podemos. En los colectivos sociales y grupos políticos cercanos a Unidas Podemos la sensación es que la negociación podría haber alcanzado medidas más ambiciosas. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid denunciaba que el acuerdo del Gobierno para la ley de Vivienda es
«un punto de partida insuficiente». A pesar de que ambas partes cedieron en sus posiciones iniciales y que Podemos logró acordar la intervención a los grandes propietarios en «áreas tensionadas», es cierto que la norma tendrá más impronta socialista, dado que los pequeños propietarios serán incentivados y no sometidos a limitaciones como querían los morados.

Las palabras de este colectivo son importantes porque se han reunido durante muchos meses con ellos y porque hace unas semanas Podemos registró un proposición de ley en el Congreso redactada por ellos . Esta sensación de insuficiencia la está aireando también el líder de Más País,
Íñigo Errejón, una plataforma fundamental para ese plan de Yolanda Díaz de configurar un proyecto electoral más «amplio». Errejón llegó a sugerir que el acuerdo de alquileres se trataba de un anuncio electoralista, al conocer que la intervención de los precios no empezaría aplicarse hasta dentro de casi dos años y que dependerá de las autonomías. «¿Pero esto al final es una ley o un avance de su programa de 2023?», escribió el líder de Más País; «Me temo que en más de la mitad del país no se aplicarán».

Dudas que, como no podía ser de otra manera, se extienden a los Anticapitalistas, antiguos integrantes de Podemos, y que se replican con fuerza desde Andalucía por parte de Teresa Rodríguez. La batalla electoral en Andalucía asoma ya en el horizonte. Y la tensión entre el discurso insurrecional y el tacticismo que defiende el pacto con el PSOE dificultarán la unidad política a la izquierda del PSOE. Un mal precedente para
las ambiciones de Díaz.

Nuevas batallas

Estas impresiones contrastan con el mensaje oficial del partido y la coalición, que insisten en trasladar que han logrado «uno de los mejores acuerdos, la primera ley de vivienda de nuestro país», como decía ayer la secretaria de Organización, Lilith Verstrynge, en la apertura de la ‘Universidad de Otoño’, un foro de reflexión del partido que busca el rearme y la recuperación electoral. Juan Carlos Monedero insistía en que había que estar «orgulloso» de ser parte de Podemos.

En la parte morada de la coalición se ha reconocido estos días que muchas de sus demandas se quedan fuera. Otras no gustan, como el cheque vivienda para jóvenes que anunció el presidente del Gobierno sin avisar a sus socios. Y otras se le quedan cortas. Pero la visión de Díaz es la de trasladar que el pacto presupuestario es un paso en el camino. Sus mensajes incurren en
la «perseverancia», la «cooperación» entre las fuerzas de izquierdas. Y en definir estas cuentas públicas como «garantía de tranquilidad y certezas».

En esta parte de la coalición no se oculta en privado que esa posibilidad de que sean los últimos presupuestos de la legislatura es un riesgo real. Apuntan en particular a ERC, con quien sí cuentan para estas cuentas. Pero no con tanta seguridad para las del año que viene porque «pueden tener elecciones» y
plantear «una negociación más exigente». Sin embargo, creen que la comunicación de la parte socialista del Gobierno intentando capitalizar algunas medidas y limitar el alcance de otras les hace pensar que desde La Moncloa «están intentando darle la vuelta a la negociación después de hacerla».

Pero ese escenario, que dibuja la próxima negociación como un escenario más inestable, hace precisamente que Unidas Podemos se prepare para nuevas batallas dentro de la coalición y a más corto plazo:
«Queda lo más importante de la legislatura, la reforma laboral», explican. Y están convencidos de que, aunque ellos también tengan que ceder en muchos asuntos, imperará la misma lógica que hasta ahora, con el presidente del Gobierno concediéndoles algunas victorias. Y visibilizándolas. Porque el presidente sabe que «el futuro es esta coalición y esta mayoría». Y ahí residen la fuerza pero a la vez la debilidad de este entendimiento: en saberse mutuamente imprescindibles. Los socios de coalición se profesan una necesidad recíproca. El mapa político que se consolida tras la ruptura del sistema de partidos iniciada en 2014 los hace a ambos aliados estructurales. Pero, al mismo tiempo, son competidores electorales.

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